Los miembros de la Comisión de Centro de Atención Primaria del área sanitaria de Ourense se reunieron ayer con el subdelegado del Gobierno, Emilio González, para denunciar la situación “desesperante de abandono y conflictividad” que se está viviendo en el PAC de Ourense de la calle Concejo. Este órgano de representación sindical clama contra la “inseguridad del personal sanitario” debido a “continuas incidencias de ocupación de espacios para la pernocta de personas ajenas al centro, sin ningún tipo de control”. Además, critican la “ocupación de forma continuada de las salas de espera con pacientes o familiares pendientes de atención”. Es decir, detectan “la presencia de personas que no acuden al centro para solicitar atención, sino con otras finalidades, de las que se pone en duda su legalidad”.
Debido a que “las denuncias realizadas desde el 2023 a la Gerencia y Comité de Riesgos Laborales del sector no fueron fructíferas”, la reunión en la Subdelegación pretende “asegurar la seguridad ciudadana” ante las “agresiones detectadas en el centro de salud”, señaló Belén González, vicepresidenta de esta Comisión. El subdelegado se comprometió a “ayudar con esta problemática incorporando seguridad policial fuera del recinto”, añadió. Sin embargo, dentro de este “no pueden, ya que es competencia de la Xunta de Galicia”.
González afirma que las agresiones durante el periodo de pandemia por el covid “aumentaron considerablemente y, desde entonces, la inseguridad es mayor”. Hasta ahora solo "nos pusieron un portero automático", indica. Sin embargo, “esto no es suficiente”. Además, “la sanidad es universal y no se puede prohibir el paso a usuarios solo por su aspecto”, concluye.
